La nueva cédula (Opinión)
El país se encuentra a las puertas de un acontecimiento nacional cuya trascendencia desborda con creces los anuncios oficiales y la conversación, a veces superficial, que ha circulado en las redes sociales.
Estamos ante un proceso que implica la integración de la República Dominicana a un sistema de identidad que eleva la noción misma de ciudadanía a un nivel al que nunca antes había accedido.
No se trata únicamente de un nuevo documento, sino de un salto cualitativo en la manera en que el Estado reconoce, protege y valida la identidad de sus ciudadanos.
La nueva cédula de identidad y electoral, anunciada por la Junta Central Electoral el pasado 18 de diciembre en un acto celebrado en el Hotel Sheraton —al cual asistimos—, junto a la información técnica, jurídica y civil que posteriormente ha sido divulgada, indica con claridad que los dominicanos y dominicanas accederemos a un documento concebido bajo los más altos estándares de seguridad: seguro, infalsificable e inviolable.
Estas no son palabras de ocasión, sino categorías técnicas sustentadas en procesos, materiales y tecnologías que colocan al país en una ruta de modernización largamente esperada.
El camino hasta aquí no ha sido breve ni sencillo. Ha sido un proceso extenso, marcado por las complejidades propias de un concurso y de una licitación de esta magnitud, con todas las incidencias, tensiones y exigencias que conlleva un proyecto de Estado.
Sin embargo, ha estado regido por la integridad, la responsabilidad y el compromiso institucional de hombres y mujeres de la Junta Central Electoral, que han sabido conducir el proceso hasta este punto con apego a la legalidad y a los intereses superiores de la nación.
Conviene, por tanto, asumir con madurez el proceso histórico que supone este hito en la estructura identitaria nacional y conceder a quienes han gerenciado esta transformación el voto de confianza que la magnitud del desafío reclama. Pocos imaginan —y casi nadie dimensiona— las innumerables jornadas de trabajo que se agazapan detrás de este logro, los sacrificios personales, profesionales y familiares que han sido necesarios para hacerlo posible, y la presión constante que implica construir un sistema destinado a servir a generaciones enteras.
Con este paso, la República Dominicana se incorpora al grupo de las naciones más desarrolladas y avanzadas del mundo en materia de documentación nacional de identidad.
Lo hace con la garantía que suponen más de cien medidas de seguridad, distribuidas en tres niveles de aseguramiento y visibilidad; con la utilización de un material soporte diseñado para ofrecer condiciones óptimas de durabilidad e inviolabilidad; y con una tipología de cédulas que reconoce la diversidad de la población, al contemplar documentos específicos para menores de edad, militares, extranjeros y adultos con derecho al voto.
Resulta inevitable, en este contexto, mirar hacia atrás. La cédula inició su andadura en 1932, cuando la dictadura de Trujillo estableció el marco legal que la hizo posible, con el propósito formal de organizar la ciudadanía y, de paso, ejercer un férreo control policial y político sobre quién era quién y hacia dónde se movilizaba cada quien.
Desde entonces, el documento ha atravesado distintas etapas, ha cumplido funciones esenciales y ha sido testigo de la evolución institucional del país.
Hoy, despojada de su origen autoritario y fortalecida por la democracia y la tecnología, la cédula se reafirma como un instrumento clave de derechos, garantías y reconocimiento ciudadano.
Y todo indica que, en esta nueva etapa, está llamada a cumplir ese papel de una manera mucho más plena, moderna y digna del país que aspiramos a ser.
